2 Un proyecto del capital

La UE ha sido desde sus orígenes una institución orientada a impulsar los intereses del capital. La Comunidad Económica Europea (CEE), creada después de la II Guerra Mundial, en 1957, tenía como objetivos principales la reconstrucción material y la reestructuración del capital para volver a hacer competitivos los capitales en la parte occidental del continente. Asimismo, actuaría como contención de la URSS en una Europa dividida artificialmente en bloques en el marco de la Guerra Fría. Desde el principio, la CEE trataba de crear un mercado común supraestatal que potenciara las empresas europeas dotándolas del tamaño suficiente para poder competir con las grandes empresas transnacionales extranjeras. En este sentido, la CEE fue un éxito y en en los años siguientes a su creación se produjo en Europa un gran crecimiento económico. La CEE tenía por objetivo prioritario avanzar los intereses del capital. Y sigue teniendo el mismo objetivo ahora.

El gran capital marca la política económica de la Comunidad Económica Europea

Los grandes capitales privados han sido siempre el estímulo tras la política económica de la CEE. Desde la década de los ochenta adoptó con entusiasmo el neoliberalismo como orientación esencial de su política económica y estimuló su implantación en los países miembros. En 1986 se estableció el Acta Única que eliminaba las fronteras para los capitales, las mercancías y en menor medida las personas entre los países miembros con la creación del Mercado Único. Con la eliminación de estos límites fue también necesario avanzar hacia la unificación de las monedas. Los grandes negocios europeos no quieren la incertidumbre, el riesgo y el coste que suponen las variaciones monetarias y prefieren no tener que considerar monedas distintas. Así, la otra etapa de envergadura en la marcha de lo que desde 1986 fue la UE es el establecimiento de la moneda única: el euro.

Desde 1992 con el Tratado de Maastricht, se iniciaron los trámites y las políticas conducentes al establecimiento de la moneda única en los países centrales de la UE. Se incluían entre ellos medidas duras para las poblaciones que llevasen a una moneda única fuerte y, sobre todo, que impidieran la inflación. Estas medidas se convirtieron en permanentes con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de 1997. Todos los países que querían integrarse en la moneda única –entre ellos el Estado Español– se vieron sometidos a duros programas de ajuste. Con la moneda única, el euro, los países pierden importantes instrumentos de política económica: tipo de cambio, política monetaria, política exterior, etc. El Mercado Único de 1986 y la Moneda Única de 1999, con su correspondiente Banco Central Europeu (BCE), son los elementos más destacados para permitir a los capitales que actúen sin límites.

Los grandes negocios europeos no quieren la incertidumbre, el riesgo y el coste que suponen las variaciones monetarias. Por eso se impulsó la moneda única.

Tras la unión monetaria, la UE puso la competitividad en el punto de mira. La Estrategia de Lisboa, aprobada el año 2000 tenía como objetivo, por lo menos retórico, conseguir antes del año 2010 “la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico duradero acompañado de una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una mejor cohesión social”. La gestión hacia esta ‘economía del conocimiento’ se concentró en la liberalización y privatización de las grandes empresas públicas y los sectores denominados estratégicos, como la energía, los transportes, las infraestructuras y las telecomunicaciones. Además, la flexibilización del mercado de trabajo que pretendidamente debería favorecer la movilidad laboral en este proceso de transición quedó convertida en una burda (des)regulación para abaratar el coste del trabajo y aumentar la precariedad laboral. La Estrategia de Lisboa, sirvió para intensificar el carácter neoliberal de la UE, y ésta dista bastante de haberse convertido en ‘la economía del conocimiento más competitiva del mundo’. A pesar de ello, se mantienen vigentes los mismos principios en la Estrategia 2020.

Se quisieron consolidar todos los cambios realizados durante la década de los noventa mediante el establecimiento de una Constitución Europea, que fue rechazada en referéndum por Francia y Holanda. Sin embargo, resurgió como Tratado de Lisboa en 2007, cuya ‘aprobación’ en 2009 se logró por una acusada voluntad política de la Unión que eliminó los referéndums y manipuló descaradamente al único país que constitucionalmente tenía obligación de convocarlo (Irlanda).

La Unión Europea en la crisis

Los grandes capitales privados han sido siempre el estímulo tras la política económica de la CEE. Desde la década de los ochenta adoptó con entusiasmo el neoliberalismo como orientación esencial de su política económica y estimuló su implantación en los países miembros.

En la crisis actual, la UE empezó a reaccionar cuando a finales de 2009 el alto endeudamiento de los países llamados periféricos podía poner en peligro el euro. A cambio de las “ayudas” que los países endeudados necesitaban, se dispusieron a tomar severas medidas de política económica. Desde entonces, en colaboración con el BCE y Fondo Monetario Internacional (FMI) –la Troika–, la UE no ha cesado en exigir la implantación y cumplimiento de programas de austeridad y ajuste con condiciones muy duras para la población. Programas que no están resolviendo los problemas económicos de los países endeudados, sino empeorándolos, y a la vez deterioran gravemente las condiciones de trabajo y de vida de las poblaciones, están destruyendo los derechos sociales de las poblaciones, privatizando los patrimonios públicos, sometiendo a las clases populares al debilitamiento de sus posiciones sociales y al sometimiento, incluso humillante de los trabajadores.

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